Delitos digitales (Software)

¿Qué consideramos delitos digitales? ¿Sabes si tú también cometes infracciones en el mundo de la informática? ¿Y cómo podría afectar a tu empresa?

Por definición, un delito informático es una acción ilegal que se lleva a cabo a través del medio digital. Entre los delitos digitales más populares se encuentra el ransomware, maladvertising o el phising: prácticas que permiten a los cibercriminales obtener datos sensibles con el objetivo de presionar y extorsionar.

Pero, ¿acaso no es ilegal utilizar un software pirata? ¿O incumplir con normativas como la LOPD?

Generalmente estos delitos digitales son sufridos por las empresas, pero no olvides que como empresa también puedes estar cometiendo infracciones… y están penadas.

¿Por qué sufrimos ataques cibernéticos?

El objetivo de los ciberdelincuentes está claro: conseguir dinero a partir de sus infracciones. Ransomware, phising… son dos de las amenazas que más infecciones producen. El primero, impide acceso a los datos que encripta hasta que se paga un rescate. El segundo, captura y modifica información bancaria con el objetivo de obtener ingresos en una cuenta fraudulenta, si que quien los realiza, sea consciente hasta que es demasiado tarde y ya ha perdido una gran cantidad de dinero.

Si te preocupa este tipo de ataques, cada vez más comunes en las pymes, te recomendamos los artículos Ransomware, qué es y cómo actuar frente a ciberataques [Leer] y Cómo evitar los virus informáticos en 4 pasos [leer]

Riesgo para tu negocio: uso de sofware sin licencia

Uno de los delitos digitales más comunes es instalar y usar un software sin haber adquirido previamente su licencia, es decir, cuando no se ha pagado por él. Pero no es el único que cometen algunas pymes: recopilar datos de personas sin su consentimiento previo, utilizar imágenes sin derecho a uso… son otros delitos bastante habituales.

Además de los posibles problemas legales, utilizar un software ilegal supone un alto riesgo para la información y los datos de tu empresa. Expone a una importante brecha de seguridad que puede conllevar la fuga de datos, fallos críticos del sistema informático y sobre todo una mayor exposición a los ataques de virus informáticos y malware. Muchos de los «parches» que permiten utilizar esos software ilegales abren la puerta a los cibercriminales.

Existe una asociación con alcance mundial que se encarga de proteger los intereses de algunas de las empresas desarrolladoras de software más importantes con el objetivo de que los programas y aplicaciones que desarrollan no sean utilizados de forma ilegal. La BSA -la Business Software Alliance– se dedica a “fomentar un mundo digital seguro y legítimo”. En 1988, Microsoft, Apple y Adobe se unieron para crear la BSA y desde entonces se han unido a ellas más de 20 compañías entre las que se encuentran Siemens, Dell, IBM, Ansys u Oracle. Actualmente, La Business Software Alliance cuenta con 11 oficinas en todo el mundo y con presencia en más de 80 países.

Su labor se centra en proteger los derechos de propiedad intelectual de los proveedores de software y se encarga de que empresas y usuarios finales cumplan las leyes de copyright. A través de informes que reciben de otros organismos, empresas, distribuidores o usuarios afiliados realizan un seguimiento de los lugares de trabajo en los que supuestamente hay instalados softwares ilegales. En caso de infracción, la BSA actúa, pero… ¿a qué pena te expones? ¿qué está en juego?

La última reforma del Código Penal en materia de delitos informáticos -en vigor desde el 1 de julio de 2015- establece en sus artículos 270, 271 y 274 que el uso de software de forma ilegal tendrá consecuencias tanto para las empresas como para sus administradores.

Antes de entrar en vigor esta reforma, era la empresa o persona jurídica quien respondía por el delito, pero desde el 1 de julio de 2015 también es penado el administrador o gerente de la empresa por haber permitido esas prácticas.

Las empresas que cometan el fraude se exponen a:

– Multas de hasta 280.000 euros.

– Suspensión de hasta 5 años de las actividades de la empresa infractora.

– Disolución de la persona jurídica: la empresa no podrá llevar a cabo ninguna actividad, aunque sea lícita.

– Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social (por un periodo máximo de 15 años).

– Para los administradores de las mismas: Cuatro años de privación de libertad y multas similares a las previstas para las personas jurídicas.

Además, esta reforma impone una serie de obligaciones a cumplir por parte de las empresas: deben contar con un software legal si quieren seguir desarrollando su actividad, implantar una serie medidas de control para aplicar en caso de fraude y sancionar a quien corresponda en caso de incumplimiento de las medidas de control.

Fuente: BSA, The Software Aliance.

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